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Por José Cheo Cruz

 

El escándalo que ha surgido tras los casos de hostigamiento sexual a varias empleadas, de parte del exdirector de la compañía de turismo, José Izquierdo pica y se extiende. En este caso hay muchas interioridades envueltas que no han trascendido a la luz pública.

 

Vamos ahora a los hechos. Este caso fue llevado de primera instancia a la atención de William Villafañe, exsecretario de la gobernación por conducto del asesor legal del gobernador, Alfonso (Falfo) Orona y Christian Sobrino, quienes de primera instancia fueron los funcionarios de La Fortaleza que advinieron en conocimiento sobre estos hechos.

 

Esos funcionarios fueron los que trataron de mantener toda esta situación por todo lo bajo del radar para que no trascendiera mas allá ante la opinión pública. También esta implicado en este asunto el exdirector de la Oficina de Recursos Humanos de la Compañía de Turismo, Giovanni Narváez.  Harto trillado es que “tiempo que pasa, verdad que huye”. Esto comprueba una vez más como es que se articulan los chanchullos y manipulaciones que se producen hasta en las más altas esferas del gobierno.

 

Conociendo la dinámica de La Fortaleza, sabemos que el exsecretario de la gobernación, quién también es abogado, lo más lógico y prudente, que debió haber hecho, fue el haberle notificado de inmediato al gobernador Ricardo Roselló, de esta situación. Ese era la ineludible responsabilidad vicaria del cargo que ostentaba.

 

En resumidas cuentas, el gobernador Roselló debió haber tenido pleno conocimiento de este asunto y no puede venir ahora a reclamar bajo ningún concepto su desconocimiento sobre el mismo y eso esta meridianamente claro como el agua pura de un manantial.

 

Así las cosas, este asunto que surgió desde finales del 2017, estuvo siendo ocultado, hasta que la Oficina de Asuntos de la Mujer, por conducto de su Procuradora Interina Carmen Lebrón, tomó injerencia en el mismo y recientemente decidiera referir el caso ante al Depto. de Justicia.

 

Una vez, fue sometido este caso ante el Depto. de Justicia, allí se determinó que ninguno de los funcionarios de La fortaleza involucrados en este asunto, tenían responsabilidad judicial alguna, ante el hecho de ellos no eran el patrono (Compañía de Turismo). Ese subterfugio y tecnicismo jurídico fue utilizado para así exonerarlos a todos de cualquier posible cargo y así salen como guabinas engrasadas con la bendición Papal de La Fortaleza.

 

Mi gente que bilis. Este si que ha sido una resolución evacuada a la medida, solo para darle protección a todos esos malandros que no supieron manejar apropiadamente este asunto, que se les ha ido de la mano a todos y ahora tienen un merecumbé y están faldeando para atrás. Pregunto yo. ¿Dónde están las disposiciones de la ley de ética gubernamental que obligan a los servidores públicos a tener que observar una conducta intachable? ¿Dónde está la doña de la Oficina de Ética Gubernamental?   Mire doña usted si que está allí de cuerpo presente, pero de mente ausente.”  Por favor tome oficio y cumpla con su deber.

 

Tiempo atrás para el gobierno del gobernador Roselló, no había prioridad alguna para atender la designación de una nueva Procuradora en propiedad. Ahora al explotarle en la cara este escándalo mayor, se ha designado por La Fortaleza en “fast track”, a una persona que dé seguro ya esta instruida y programada para solo acatar y defender los intereses de sus jefes políticos y así cubrirles sus espaldas en todo momento. No bien esa persona puso un pie en esa Oficina, comenzó con su cacería de brujas y ya ha despedido cerca de cinco personas, incluyendo a la Lcda. Lebrón, Procuradora Auxiliar.

 

Cabe señalar que el comité de mitigación de daños, optó por sentenciar y, ejecutar y masacrar cuanto antes a las personas que cumplieron con su deber en informar los resultados de esa investigación. Ahora se está conduciendo en esa procuraduría el exterminio masivo de todos aquellos que representan un potencial peligro para los intereses políticos del PNP y de la horda de corruptos y sopla potes que hay detrás de ellos. Esto vuelve a comprobar que, en este País contaminado e infestado por la corrupción gubernamental, tanto en el PNP, así como en el PPD, donde operan los comités de odio y de rápida acción.

 

Si usted es empleado público, sepa que, si tiene la osadía de decir la verdad, se expone a los rigores del desprecio y la represión y los castigos más crueles contra la dignidad de uno como ser humano. No habrán de faltar todos aquellos alicates, cobardes y espalderos políticos que se prestarán para provocarle y hasta de tratar de fabricarle un caso. Aquí en este caso desde el gobernador para abajo están con las manos embarradas por el lodo y están impedidos por sus propios actos de reclamar su inocencia en este encubrimiento de marca mayor. Todo esto es un burdo ejercicio de abuso y aprovechamiento ilícito de poder para darle impunidad a la casta de delincuentes que opera dentro de las esferas gubernamentales.

 

Aquí es tan culpable los que mataron la vaca, como aquellos que le amarraron las patas. Mientras esto sea el SOP (Standard Operating Procedure) y la cultura vengativa y proteccionista de hacer galas del poder conferido de quienes nos gobiernan desde su zona de confort. Así jamás este País podrá evolucionar como un verdadero pueblo civilizado de ley y orden. Pronto vendremos con lo que sucede en San Juan y Carolina. #vamos por mas.

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