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Por José Cheo Cruz

La sociedad puertorriqueña es una fuente y cantera inagotable de conflictos innecesarios y absurdos. Parece que algunos se divierten, como dioses del Olimpo, creando situaciones para matar su ocio con la observación de las tribulaciones que padecen los simples mortales.

Por desgracia, los de abajo, los humildes y desarropados de este país son los títeres. Y los que se proclaman como representantes de esos infelices, les siguen el juego a los dioses.

Una muestra clara de todo lo anterior la podemos encontrar en el debate que estamos presenciando sobre la nueva ley llamada legislación laboral, una legislación como paga de la deuda del gobernador electo con las firmas Walmar, Walgreen, Fundación Ana G. Méndez y un largo, larguísimo etc., etc.,  las grandes empresas que financiaron su campana electoral, esta ley va contra el trabajador y provocara unas gigantescas  cesantía que establece el Código de Trabajo que quieren establecer y la eliminación de los sindicatos a la larga. 

Los dirigentes empresariales plantean que deben ser eliminados con la próxima modificación de esa normativa, como si esa figura laboral fuera una espina que tuvieran clavada en el entrecejo. Y los sindicalistas puertorriqueños pegan el grito al cielo ante esa pretensión de los empleadores y del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.

Creen que la cesantía es un derecho de vida o muerte para los trabajadores. Nada más equivocado, eso no ayuda en nada la económica, solo llena los bolsillos de los ricos empresarios que aportaron a su campana, lo que es un crimen de lesa humana.

La figura jurídico-laboral que legislan en el PNP ahora le da más derecho al empleador que al trabajador y Don Luis A, Ferre tiene que estar brincando en la tumba haya en Ponce , las leyes del bono de navidad, el salario mínimo Federal, el apoyo a las Uniones obreras  son conquistas tasada que el empleador debe pagar a favor del trabajador y de los humildes de esta tierra bendita y que la institucionalizaron Don Luis A. Ferrer y Don Carlos Romero Barceló y el Gobernador Ricardo  Rosselló Nevares  cuando ejerza el desahucio o terminación del  trabajo de los empleados públicos y privados por la voluntad unilateral del empleador la pagara con crese y el país le pasara factura y la Estadidad se alejara de una manera estrepitosa. 

También procede en los casos en que el empleador es condenado a pagar las prestaciones laborales, ya sea por despido injustificado o porque el trabajador haya presentado su dimisión justificada y son cosas que quieren trastocar dando menos días por vacaciones, más días para ser empleado regular (8) meses antes eran (3) meses y una tanta cosa que definitivamente no tiene ni pie ni piza dicha ley.

El monto a que asciende la pérdida económica para los trabajadores y para los posibles empleados es algo insólito para el movimiento estadista que es uno de justicia social y de derechos civiles, y el auxilio debe ser colectivo de todos los sectores del país, conforme al tiempo de trabajo y al salario ordinario, son derechos adquiridos que jamás pensamos que se iniciaría dentro del movimiento estadista su eliminación, es una loquera del actual gobierno según todas las fuentes consultadas dentro del movimiento estadista. 

Por ejemplo, El Senado incluyó múltiples enmiendas al proyecto que impulsa el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para recalcar que sus disposiciones no aplicarían a los empleados que estuvieran en la plantilla de una empresa antes de que la propuesta ley entre en vigor.

Incluso, la mayoría en la Cámara alta estableció un nuevo Artículo 1.2 para disponer que “los empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta ley continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo dispuesto expresamente en los artículos de esta”. Un lenguaje similar fue añadido en otras secciones de la legislación de 78 páginas. 

La preocupación de Johnny Méndez, Presidente de la Cámara de Representante es que esa distinción que se haría entre los empleados cree un disloque en el mercado que, de alguna manera, pueda generar condiciones de competencia desleal entre los comercios y empresas. Esa misma inquietud la ha planteado el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, como argumento para oponerse a la medida. 

El proyecto es malo para los trabajadores en Puerto Rico, le quita derechos adquiridos conquistados con sangre y fuego y eso lanzara a los sindicatos a las calles por 4 años a protestar, de manera que no habrá paz en Puerto Rico y la policía hará que corra la sangre con una superintendente con entrenamiento militar que fue  entrenada solo para hacer correr la sangre y así no me cabe duda se aleja la estadidad, la igualdad, donde hay mucho más derecho, más libertades  que aquí y si aspiramos a ser estado tenemos que imitar a los estados.

Sin duda que a la verdad no entiendo que buscan con esta disparatada ley que no sea repagar las aportaciones millonarias de las grandes empresas en la campana recién finalizada y  sin duda que es un proyecto de encargo,  bueno para los empresarios. Eventualmente, será malo para el desarrollo económico del País.

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